La consultora jurídica de la SB analiza el rol del control legal como herramienta para fortalecer la transparencia, la integridad y la confianza ciudadana desde la gestión pública
Luz Marte es una profesional del Derecho con más de dos décadas de experiencia en los ámbitos de la regulación, la supervisión financiera, la gobernanza institucional y el cumplimiento normativo en la República Dominicana. Se ha desempeñado en diversas instituciones, obteniendo una visión amplia del funcionamiento del Estado. A lo largo de su carrera, ha participado en la construcción y fortalecimiento de marcos regulatorios, así como en el diseño e implementación de políticas públicas en sectores estratégicos, como el financiero y el de telecomunicaciones.
En su rol actual en la Superintendencia de Bancos (SB), como Consultora Jurídica y de Cumplimiento, lidera el análisis jurídico que sustenta las decisiones de la institución. Su función consiste en garantizar que las actuaciones de la SB se desarrollen dentro del marco legal vigente, promoviendo la seguridad jurídica, la transparencia y la confianza en el sistema financiero.
Su enfoque combina rigor técnico, visión estratégica y compromiso con el fortalecimiento institucional. Está convencida de que un accionar técnicamente correcto se logra con criterios jurídicos acertados, un equipo robusto y decisiones coherentes.
¿Cómo definirías el control legal en una institución del Estado?
El control legal constituye un eje transversal que debe acompañar, orientar y fortalecer la gestión institucional en todas sus dimensiones. Es, ante todo, un mecanismo que garantiza que las decisiones públicas se adopten con apego al ordenamiento jurídico y respondan a criterios de racionalidad, proporcionalidad y buen gobierno.
El rol del control legal se ha robustecido significativamente: el abogado ya no se limita a identificar riesgos u obstáculos jurídicos, sino que asume una función más estratégica, orientada a proponer soluciones viables, eficientes y alineadas con los objetivos institucionales. También da la debida relevancia a temas como la ética y la transparencia. Parte de nuestro rol implica promover y mantener buenas prácticas administrativas.
¿Cómo el control legal fortalece la cultura organizacional y la confianza en las instituciones?
Cuando las decisiones se toman sobre bases jurídicas sólidas, los servidores públicos desarrollan una cultura de responsabilidad y respeto por las reglas. Esto genera coherencia institucional, mejora la calidad de las decisiones y fortalece la ética en la gestión pública.
La confianza ciudadana surge cuando las instituciones son coherentes, transparentes y objetivas. El control legal garantiza que sus acciones se ajusten a la ley y al interés público, evitando decisiones arbitrarias.
¿Cómo pueden las instituciones fomentar una cultura de integridad y responsabilidad que impacte positivamente a las personas?
La integridad no puede limitarse a documentos o códigos de conducta. Debe reflejarse en el liderazgo, en los procesos de toma de decisiones y en la forma en que las instituciones interactúan con las personas.
Las instituciones fomentan una verdadera cultura de integridad y responsabilidad cuando desarrollan una gestión cercana a los ciudadanos y facilitan canales efectivos de contacto e interacción. Esta cercanía permite comprender de manera directa las necesidades de la población y adaptar las decisiones y los servicios públicos a esas realidades, fortaleciendo el sentido de servicio y compromiso dentro de la organización.
Al mismo tiempo, cuando el ciudadano percibe accesibilidad, escucha activa y respuestas oportunas, se genera un vínculo de confianza que impacta positivamente en su experiencia y en la valoración de la institución. Así, la integridad deja de ser un concepto abstracto y se traduce en prácticas concretas de transparencia, trato digno y rendición de cuentas, consolidando una cultura institucional orientada al bienestar de las personas.
¿Cómo se asegura que los proyectos de las instituciones no solo cumplan con la normativa, sino que también aporten valor a la sociedad?
El cumplimiento normativo es el punto de partida, no el punto de llegada. Los proyectos públicos deben diseñarse considerando su impacto real sobre las personas, la eficiencia de los servicios, la sostenibilidad de los resultados y la generación de valor público.
En ese sentido, las instituciones deben incorporar, desde la fase de diseño, mecanismos de planificación que identifiquen claramente las necesidades de la población y los objetivos que se buscan alcanzar, alineando los proyectos con políticas públicas y resultados medibles.
¿Puedes dar ejemplos de algunos proyectos impulsados desde tu área que se traducen en valor para la ciudadanía?
La Consultoría Jurídica y de Cumplimiento ha contribuido al desarrollo de marcos regulatorios y propuestas normativas que promueven una mayor protección de los usuarios financieros, fortalecen la gobernanza de las entidades supervisadas y facilitan un entorno más seguro y transparente para los ciudadanos.
Entre estas iniciativas se destaca el proyecto de ley que regula los embargos retentivos, actualmente en discusión en el Congreso, el cual aporta a la construcción de un marco jurídico más eficiente y garantista. De igual manera, participamos en el proceso de reforma del Código Penal aprobado, logrando la tipificación de las estafas piramidales y la intermediación financiera no autorizada, en respuesta a una problemática de alto impacto social.
Adicionalmente, desde el departamento se impulsan espacios de formación y reflexión financiera mediante publicaciones, congresos y seminarios. Estas iniciativas, apoyadas por la plataforma Escuela SB, fortalecen capacidades técnicas, promueven el intercambio de conocimientos y difunden buenas prácticas regulatorias.
¿Cómo la Superintendencia ha aprovechado la tecnología para mejorar los servicios que ofrece a las entidades y a la ciudadanía?
La SB ha marcado un antes y un después en la modernización de sus procesos. Se destaca el cierre del sistema de reportería Bancanet, anteriormente utilizado por las entidades, y la puesta en funcionamiento del Portal de la Administración Monetaria y Financiera (PAMF), el cual ha permitido optimizar la gestión y el intercambio de información de manera más eficiente y segura.
Además, la institución mantiene disponible un conjunto de datos abiertos a través de su API institucional y del Sistema de Información del Mercado Bancario Dominicano (SIMBAD), que permite el acceso rápido y fácil a información del sistema financiero. Asimismo, la creación de la plataforma de ProUsuario ha representado un salto significativo en la relación con los ciudadanos. Igualmente, habilitamos herramientas para ofrecer al público los servicios legales a través del portal de la institución.
Estas, junto con otras iniciativas, reflejan una visión innovadora que ha acercado la institución a la ciudadanía y materializado un anhelo clave de su liderazgo: facilitar el acceso y fortalecer la confianza en el sistema financiero.
¿Cuáles aprendizajes valoras de tu experiencia como servidora pública?
Uno de los principales ha sido que detrás de cada decisión institucional existen personas que pueden verse impactadas positiva o negativamente por ella. Esa conciencia genera un profundo sentido de responsabilidad.
También he aprendido que la excelencia técnica debe ir acompañada de integridad, empatía y vocación de servicio. Las instituciones generan verdadero valor cuando colocan el interés público en el centro de sus actuaciones.
Uno de los principales aprendizajes ha sido el valor del trabajo en equipo, construido sobre la confianza, el respeto y la colaboración. Este vínculo ha permitido impulsar iniciativas con impacto positivo en la ciudadanía, combinando propósito de servicio y crecimiento profesional.
Y, sin duda, la confianza es uno de los activos más importantes de cualquier organización. Construirla requiere años de trabajo consistente, pero es fundamental para lograr grandes cosas.
